Bernardo Mendoza Ruenes, director general adjunto de Prevención de Operación de la CNBV, identificó los desafíos ante los que se enfrentan para prevenir el lavado de dinero.
Los desafíos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores ( CNBV), en materia de prevención de lavado de dinero en sectores no bancarios son tres: la certificacion en tiempo de los involucrados en la supervisión en centros cambiarios, transmisores de dinero y Sofomes no regulados; la integración a su supervisión de los asesores en inversiones y la Evaluación que este año realizará el Grupo de Acción Fonanciera Internacional (GAFI).
“GAFI es un desafío para la CNBV y para el país porque reflejará los resultados de las acciones que se han tomado en materia de prevención del delito de lavado de dinero”, dijo Bernardo Mendoza Ruenes, director general adjunto de Prevención de Operación de la CNBV.
Durante su participación en el Segundo Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, organizado por la Canaco de la Ciudad de México, detalló que la visión de la CNBV es prevenir el delito y no perseguirlo.
En este sentido, entre los retos de la comisión está el que este 30 de abril se alcance en su totalidad la certificación entre los involucrados en la supervisión de centros cambiarios y transmisores de dinero y en agosto de 2016 se complete entre las Sofomes no reguladas.
“La certificación es una área de oportunidad para todo el sistema financiero por el estrecho vínculo con el sector no financiero. Se trata de profesionalizar la supervisión, que los involucrados cuenten con el conocimiento adecuado con estándares internacionales. Esperemos que este año que se realiza la evaluación de GAFI, se obtengan mejores resultados”, señaló.
Así como a partir del 2011 entraron a la supervisión de la CNVB las Sofomes no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero, este año se integran a partir de julio en materia de prevención de lavado de dinero los asesores de inversiones.
El funcionario de la CNBV reconoció que la mayor repercusión para alguna de estas entidades no financieras al caer en un ilícito es el daño reputacional.
“Es mayor que el pago de una sanción. La reputación se construye en algunos casos por generaciones”, apuntó.
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